🍺 Si pides una cerveza en casi cualquier rincón de Japón, lo más probable es que venga de una de estas cuatro empresas: Asahi, Kirin, Suntory o Sapporo. El 7 de octubre de 2026, la Comisión de Comercio Justo de Japón (JFTC), el organismo que vigila la competencia en el país, registró a las cuatro el mismo día por una presunta fijación de precios. Nada está probado todavía y nadie ha sido acusado.

Qué se sospecha

Según la cadena TBS, los registros abarcaron las sedes de las cerveceras en Tokio y otras instalaciones. Los investigadores también registraron la Asociación de Cerveceros de Japón, la patronal a la que pertenecen las cuatro. La base legal es la Ley Antimonopolio, que prohíbe que empresas rivales acuerden precios en lugar de fijarlos cada una por su cuenta. A ese tipo de acuerdo se le llama cártel.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso citadas por TBS, se sospecha que durante varios años las cuatro coordinaron el tamaño y el momento de las subidas del precio que cobran a los mayoristas. Los productos afectados son la cerveza normal, el happoshu (una bebida tipo cerveza con menos malta) y las llamadas cervezas de tercera categoría, más baratas. Se cree que responsables de ventas de las cuatro se reunían de manera informal en torno al Ichimokukai, un encuentro que la asociación celebraba el primer jueves de cada mes, y fijaban metas de subida.

Se trata del precio que la cervecera cobra a los distribuidores, no del que aparece en la estantería del supermercado, que cada tienda decide. Pero ese precio de salida es la base sobre la que se construyen todos los demás.

Las cuatro dijeron que colaborarán plenamente. El comunicado de Suntory, citado por ABC News, confirmaba una inspección in situ por una presunta infracción de la Ley Antimonopolio en su comercio de bebidas alcohólicas. Ninguna se refirió al fondo de la sospecha.

Cuando se investiga a casi todo el mercado

Según AFP, las cuatro empresas controlan alrededor del 90 % del mercado japonés de cerveza. En un mercado tan concentrado, los precios suelen moverse juntos por razones normales. Las grandes cerveceras subieron precios de forma generalizada en abril de 2025, alegando el encarecimiento de las materias primas. El 1 de octubre de 2026 entró en vigor una reforma fiscal prevista desde hacía años, que unificó el impuesto sobre las bebidas tipo cerveza en 54,25 yenes por lata de 350 ml. El de la cerveza normal bajó desde 63,35 yenes, mientras que el del happoshu y las de tercera categoría subió. Todas las cerveceras recibieron el mismo cambio el mismo día.

Moverse al unísono no es ilegal en sí mismo. Hablarlo con los rivales, sí. En una rueda de prensa el 2 de septiembre de 2026, el secretario general de la JFTC advirtió que pactar con competidores precios o fechas de subida sería tratado como un cártel, y señaló que el alza de costes hace más tentadoras esas conversaciones. Los registros llegaron alrededor de un mes después.

Japón tiene además un programa de clemencia. Con él, la primera empresa que informa de un cártel antes de que empiece la investigación queda exenta del recargo, y las siguientes obtienen rebajas menores. La JFTC ha dicho públicamente que no presenta denuncias penales contra el primer solicitante ni contra sus empleados. En aquella misma rueda de prensa, el secretario general animó a las empresas a plantearse usar el programa. No se ha hecho público si alguna cervecera lo ha solicitado en este caso.

¿Puede acabar en un caso penal?

No fue una inspección rutinaria. La JFTC usó sus facultades de investigación penal, que reserva para los cárteles que considera graves y con un amplio impacto en la vida cotidiana. Los investigadores registran e incautan pruebas con una orden judicial. Si las pruebas bastan, la JFTC presenta una denuncia ante el fiscal general, y la fiscalía decide si acusa. Según coki, un medio económico japonés, es el primer caso de alimentos o bebidas con una denuncia penal en el horizonte.

Estas denuncias son poco frecuentes. La más reciente fue el 17 de abril de 2026, cuando la JFTC denunció a cinco distribuidoras de gasóleo por fijar precios y la fiscalía las acusó ese mismo día. Los empleados implicados no fueron denunciados, algo que la prensa japonesa calificó de inusual.

Sobre el papel, una persona condenada por participar en un cártel se expone a hasta cinco años de prisión o a una multa de hasta 5 millones de yenes (unos 32.000 dólares). Una empresa, a una multa de hasta 500 millones de yenes (unos 3,2 millones de dólares). Aparte, si la JFTC constata una infracción, puede imponer un recargo del 10 % de las ventas afectadas, calculado sobre un máximo de 10 años.

Cómo han tratado Europa y Estados Unidos los cárteles de la cerveza

En el ámbito de la Unión Europea, los cárteles se castigan con multas administrativas a las empresas, no con penas, y con un tope del 10 % de la facturación mundial del grupo. En 2007, la Comisión Europea multó a Heineken, Grolsch y Bavaria con un total de 273,8 millones de euros por coordinar precios de la cerveza en los Países Bajos entre al menos 1996 y 1999. InBev, que también participó, no pagó nada porque entregó pruebas decisivas gracias al programa de clemencia.

La Oficina Federal de Cárteles de Alemania (Bundeskartellamt) impuso a varias cerveceras unos 338 millones de euros en total en un caso que cerró en 2014 y que se inició con una solicitud de clemencia de la filial alemana de AB InBev. No todas las sanciones se mantuvieron. En 2019, un tribunal de Düsseldorf archivó el procedimiento sobre una multa de unos 62 millones de euros a Carlsberg: solo pudo probarse un intento de acuerdo en 2007 y el plazo de prescripción ya había vencido.

Frente a Japón y la UE, Estados Unidos va más lejos con las personas. Según la Ley Sherman, una empresa puede recibir una multa de hasta 100 millones de dólares, y un individuo, de hasta 1 millón de dólares y 10 años de prisión.

Al lado de esas cifras, el tope japonés de 500 millones de yenes para la multa penal a una empresa parece modesto. La herramienta más pesada de Japón es el recargo, que crece con las ventas afectadas.

Marcas que quizá bebas en tu país

Asahi es dueña de marcas europeas como Pilsner Urquell, Kozel, Peroni y Grolsch. En Australia tiene casi 4.000 empleados en 17 centros de producción, según explicó la propia empresa a ABC News este año. Kirin controla Lion, una gran cervecera de Australia y Nueva Zelanda. Suntory posee Suntory Global Spirits, fabricante de Jim Beam y Maker's Mark. Sapporo es propietaria de Sleeman en Canadá y de Stone Brewing en Estados Unidos.

La sospecha se refiere a precios dentro de Japón. Lo publicado hasta ahora no dice nada sobre los negocios de estas empresas en el extranjero.

Para Asahi, el registro llega poco más de un año después de un ataque de ransomware en septiembre de 2025, que redujo sus ventas de octubre a diciembre casi un 20 %, como contamos en un artículo anterior. La JFTC tampoco mira solo la cerveza: el 16 de junio de 2026 inspeccionó a seis fabricantes de helado por un presunto cártel (nuestra cobertura), un caso que sigue sin conclusión.

¿Quién decide lo que cuesta tu cerveza?

En Japón, cuatro empresas elaboran casi toda la cerveza, y los investigadores quieren saber ahora si también le ponían precio juntas. ¿Cuántas cerveceras se reparten el estante de cerveza donde vives?

Referencias