🕌 Una gran mezquita, alminar incluido, se levantó en un terreno agrícola al sur de Kawagoe, una ciudad de los alrededores de Tokio célebre por sus calles de la era Edo. Había un solo problema: en ese punto exacto casi nada puede construirse legalmente, y nadie había pedido permiso. Ahora la ciudad quiere que desaparezca, y repite una y otra vez lo mismo: esto no va sobre el islam.

Qué encontró realmente Kawagoe

El edificio se llama Japan Jame Masjid Ramzan y está en el distrito de Shimoakasaka, a unos cinco kilómetros al sur del centro de Kawagoe, entre huertas y casas dispersas. Según la sección de orientación urbanística del municipio, se construyó sin solicitud ni permiso alguno.

La ciudad dice que supo de su existencia en octubre de 2024, por el aviso de un vecino. Para entonces el exterior estaba casi terminado. Los funcionarios pidieron repetidamente detener la obra. Al principio, cuentan, los trabajadores respondían que no entendían japonés, así que el personal volvió una y otra vez para explicarlo en persona: aquí no se puede construir.

La construcción no estaba registrada y su dueño era incierto. En marzo de 2025 el terreno cambió de manos: pasó de una inmobiliaria de la cercana Fujimi a una empresa dirigida por un hombre paquistaní, con sede en la misma dirección. Este marzo, esa empresa presentó por fin un plan correctivo por escrito comprometiéndose a trabajar en la retirada del edificio. Los propietarios alegaron al municipio que la estructura "ya estaba allí", una afirmación que choca con el relato de la ciudad, que asegura haber visto cómo se levantaba.

Y entonces, el 3 de abril de 2026 —cerca de un mes después de prometer su demolición—, la mezquita celebró su inauguración, con la asistencia del embajador de Pakistán en Japón y de responsables de la Overseas Pakistani Foundation.

La postura municipal no ha variado: "No lo tratamos como un problema por ser una mezquita. Damos orientación correctiva a los edificios ilegales en cada caso. Este se construyó sin el permiso de la ciudad, y seguimos con la orientación cuyo objetivo final es la retirada".

Cómo un edificio puede ser ilegal en tu propio terreno

Para un lector de fuera de Japón, la pregunta es obvia: es su terreno, ¿dónde está el delito?

La respuesta está en una pieza de la legislación urbanística japonesa que no tiene un equivalente claro en muchos países. Las zonas de planeamiento urbano en Japón se dividen en dos. Una está destinada a urbanizarse. La otra —el shigaika chōsei kuiki, o "zona de control de la urbanización"— está pensada precisamente para no urbanizarse. Estas zonas existen para proteger el suelo agrícola y frenar la expansión sin fin de las ciudades hacia el campo. Dentro de ellas, la nueva construcción está prohibida en general, con excepciones limitadas ligadas sobre todo a la agricultura y la silvicultura. Levantar cualquier otra cosa, aun en un terreno de tu propiedad, exige un permiso conforme a la Ley de Planeamiento Urbano.

Así que, en esa zona, una estructura sin permiso es ilegal de entrada, sea una vivienda, un almacén o un lugar de culto. Ese es el núcleo legal del caso de Kawagoe, y se aplicaría igual a un templo budista, una iglesia cristiana o la segunda residencia de una familia japonesa.

Por qué un caso pequeño se volvió debate nacional

Si esto fuera solo un edificio, no habría sido tendencia. Lo fue porque cayó en medio de una de las conversaciones más tensas de Japón.

La población musulmana de Japón ha crecido deprisa para un país considerado durante mucho tiempo homogéneo. Un estudio muy citado, dirigido por Hirofumi Tanada, de la Universidad de Waseda, estimaba unos 420.000 musulmanes a finales de 2024: alrededor del 0,3% de la población, pero muy por encima de dos décadas atrás. El mayor grupo es el indonesio (unos 200.000), seguido de comunidades de Bangladés, Pakistán, Malasia y Turquía. El número de mezquitas y salas de oración subió a unas 160 a mediados de 2025, con varias nuevas cada año. El motor no es ningún misterio: una población activa que envejece y mengua, y programas públicos que traen mano de obra extranjera.

Ese crecimiento ha chocado con la inquietud local. En abril de 2026, una mezquita proyectada en la ciudad costera de Fujisawa provocó grandes protestas. En internet, las imágenes de Kawagoe se difundieron rápido, y la presencia del embajador en la inauguración se convirtió en pararrayos. Parte de la reacción fue una frustración legítima con el imperio de la ley: ¿cómo se levanta ilegalmente un edificio tan grande y sigue ahí más de un año? Otra parte derivó en hostilidad abierta hacia los musulmanes y los extranjeros en general.

La línea fina que Japón intenta recorrer

Aquí está lo incómodo, y corta en más de una dirección.

La infracción es real. Hacía falta un permiso, no se pidió, y la actuación municipal parece coherente con cómo trataría cualquier estructura ilegal. Pasarla por alto en nombre de la libertad religiosa sería otra forma de injusticia: la norma debe significar lo mismo para todos.

Pero "basta con seguir los cauces correctos" da por hecho, en voz baja, que esos cauces llevan a alguna parte. A menudo no es así. Cuando las comunidades musulmanas han intentado la vía legal para algo tan básico como un lugar donde enterrar a sus muertos —el islam exige inhumación, no cremación, en un país que crema el 99,97% de las veces—, los terrenos propuestos han sido bloqueados una y otra vez por la oposición vecinal, dejando casi ningún sitio legal al que ir. Un camino que ninguna solicitud logra recorrer no es realmente un camino.

También existe la trampa contraria: meter "edificio ilegal" y "musulmán" o "extranjero" en la misma casilla. En un caso de 2024 en Ebetsu, Hokkaido, la ciudad detectó decenas de estructuras ilegales en su zona de control, y la mayoría las habían construido japoneses, no extranjeros. Ese matiz se perdió en la red, donde la historia se reescribió como un "problema de extranjeros", y la desinformación precedió al acoso real contra la comunidad paquistaní local.

Y por encima de todo está la aritmética de la población. El censo de 2025 registró la mayor caída de población de la historia de Japón —3,1 millones menos en cinco años—, y los residentes extranjeros son ya, en la práctica, la única fuente de crecimiento del país. Se piense lo que se piense de una mezquita concreta, las personas que hay detrás, y su necesidad de lugares donde vivir y rezar, no van a desaparecer. Más bien, Japón competirá por atraerlas.

Ese es el verdadero argumento a favor de un respaldo legal: no una aplicación más laxa, sino una ruta viable trazada de antemano —caminos claros hacia los permisos, los cementerios, las salas de oración— para que la opción no sea solo "construir ilegalmente" o "renunciar". Las preocupaciones vecinales por el tráfico, el ruido y la consulta previa también son legítimas, y caben dentro de ese marco. Hoy Japón persigue las infracciones a posteriori, mientras el camino que las evitaría queda sin construir.

Por ahora, el caso de Kawagoe sigue sin resolverse. Hay un plan de retirada presentado, la mezquita está abierta y el desenlace no está cerrado.

En Japón, la norma rige incluso en tu propio terreno, pero una norma funciona mejor cuando existe una forma legal de decir que sí, y no solo de decir que no. ¿Cómo equilibra tu país la zonificación, los edificios religiosos y unas comunidades que llegan tengan o no listos los papeles?

Referencias