Un año después del cierre de la Expo de Osaka-Kansai, uno de los pocos subcontratistas que logró recuperar parte de lo que le debían recibió el dinero de un país que no le debía nada: Angola. Los organizadores japoneses celebraron la noticia y, en las mismas declaraciones, repitieron que ellos no tienen base legal para pagar. Entre ambas posturas hay una cadena de subcontratas que la ley japonesa apenas protege.

Un pago que nadie estaba obligado a hacer

Quien lo recibió es un empleado de 43 años de una empresa de instalaciones de la prefectura de Kagawa, en la isla de Shikoku. Su compañía trabajó como subcontratista de cuarto nivel en la instalación eléctrica y el interior del pabellón de Angola. Entre su cuadrilla y el Gobierno angoleño que encargó el edificio había tres capas de empresas.

Según la cadena MBS, Angola había pagado íntegramente a su contratista principal. El dinero se quedó atascado en algún punto por encima de él. La empresa de tercer nivel que lo contrató nunca abonó unos 43 millones de yenes (272.000 dólares), y él la ha demandado por el importe completo.

Durante la Expo y después de su cierre, siguió pidiendo ayuda a los responsables angoleños. En abril de 2026, informa MBS, la parte angoleña le explicó que no tenía responsabilidad legal pero pagaría el 40 % por razones humanitarias. Unos 17 millones de yenes (108.000 dólares) llegaron en julio de 2026. La agencia Kyodo, que dio la noticia el 13 de octubre, justo al cumplirse un año del cierre, lo describió como el primer caso conocido de un gobierno extranjero que cubre una deuda en la que no era parte.

Durante la obra, él había asesorado sobre métodos de trabajo a una empresa española que trabajaba en la instalación eléctrica del pabellón, y más tarde les contó que no le estaban pagando. Esa empresa española pidió a los responsables angoleños que lo ayudaran. Angola dijo a MBS que no haría declaraciones públicas.

Con ese dinero le alcanzó para pagar a sus propios proveedores y el impuesto al consumo, contó a MBS. Si recupera el importe completo en los tribunales, piensa devolver el dinero de Angola.

"Algo bueno", dice el anfitrión

El 14 de octubre, Hirofumi Yoshimura, gobernador de Osaka y vicepresidente de la Asociación Japonesa para la Exposición Universal 2025, que organizó el evento, calificó el pago de Angola como algo bueno, según Kyodo. En esas mismas declaraciones añadió que un rescate de la prefectura sería muy difícil y que la Asociación no tiene base legal para pagar. A MBS le dijo que lo de Angola fue una decisión de ese país como cliente, y explicó que ni la prefectura ni la Asociación encargaron los pabellones, así que no hay base para adelantar el dinero.

El argumento tiene su peso: los pabellones extranjeros los encargaron los países participantes mediante contratos privados.

Una asociación de contratistas impagados de la Expo ya había entregado peticiones al gobernador el 23 de junio de 2025 y de nuevo el 22 de julio de 2025: pedían adelantos urgentes y, si eso no era posible, préstamos a largo plazo sin intereses ni garantías. Según su relato al semanario Josei Jishin, la prefectura los remitió a líneas de crédito y ventanillas ya existentes, las mismas que ya los habían rechazado.

Además, sostuvo que, si otro país resolvía un problema surgido en un evento de Japón, el gobernador debió empezar dando las gracias a Angola.

Donde no llega la ley japonesa

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha recibido quejas de más de 30 empresas que trabajaron en 11 pabellones, informa MBS. En una rueda de prensa en Tokio en noviembre de 2025, los empresarios afectados cifraron el total en unos 2.000 millones de yenes (12,7 millones de dólares).

La válvula de seguridad de la ley japonesa es estrecha. El artículo 41 de la Ley de Negocios de Construcción permite a la autoridad que concedió la licencia al contratista principal recomendarle que adelante los salarios impagados a trabajadores de la cadena, pero no las facturas entre empresas. Una pequeña compañía que pagó a su cuadrilla de su propio bolsillo, como esta, se queda fuera.

Hubo un intento de cerrar ese hueco. El 15 de diciembre de 2025, ocho diputados del Partido Constitucional Democrático, Reiwa Shinsengumi, el Partido Comunista de Japón y un pequeño grupo llamado Genzei Hoshu Kodomo presentaron una reforma de la ley especial de la Expo para que la Asociación pudiera comprar los créditos de los contratistas. La Asociación pagaría primero y luego reclamaría a los deudores. El proyecto quedó pendiente y decayó sin votarse el 23 de enero de 2026, con la disolución de la Cámara Baja.

El subcontratista contó a Josei Jishin que hizo público el caso ahora, en parte, para que el proyecto vuelva a presentarse en la sesión extraordinaria de otoño de la Dieta.

Una promesa en papel

En abril de 2024, la Asociación adoptó una política de derechos humanos en la que se compromete a respetar los derechos humanos de todas las personas que participan en la Expo y a buscar reparación cuando sus actividades causen o contribuyan a un daño. Es un compromiso voluntario, no una obligación legal de pagar facturas ajenas, pero quienes construyeron los pabellones están entre las personas a las que promete respetar.

El subcontratista recordó también mayo de 2025, cuando enjambres de mosquitos quironómidos, que no pican, se convirtieron en noticia en el recinto. La Asociación respondió con un comité especial contra los mosquitos quironómidos encabezado por su secretario general. Para los impagos no hubo nada parecido, dijo a Josei Jishin, y preguntó si las víctimas valían menos que los insectos.

En diciembre de 2025, la Asociación previó un superávit operativo de entre 32.000 y 37.000 millones de yenes (de 202 a 234 millones de dólares). En abril de 2026, el borrador de un comité de revisión del Gobierno propuso destinarlo a proyectos de legado de la Expo. La cifra de pérdidas que calculan las víctimas equivale a algo más del 5 % del techo de esa previsión. Eso no convierte el superávit en dinero disponible para deudas que la Asociación no contrajo.

Cómo lo resuelven otros países

En las obras federales de Estados Unidos de más de 150.000 dólares, el contratista debe depositar una fianza de pago: una garantía respaldada por una aseguradora que paga a subcontratistas y proveedores si el contratista no lo hace. Pero la protección suele alcanzar solo dos niveles por debajo del contratista principal. Una empresa de cuarto nivel como esta podría quedar fuera.

España atacó el problema desde el otro extremo. La Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en la construcción prohíbe que el tercer subcontratista vuelva a subcontratar, con una excepción para un nivel adicional. Con esa regla, un cuarto nivel como el suyo solo existiría como excepción.

Ninguno de los dos sistemas encaja tal cual con el pabellón de un gobierno extranjero.

Cuando un gran evento público en tu país deja sin cobrar a pequeños contratistas, ¿quién debería dar la cara: el organizador, el Estado o nadie?

Referencias