🍊 Una naranja premium que Ehime tardó dos décadas en criar apareció a la venta en un sitio de compras chino. El vendedor decía que la cultivaba en Sichuan. Casos así explican por qué Japón está reescribiendo ahora su ley de semillas: sumará diez años a los derechos de los obtentores y permitirá bloquear exportaciones antes incluso de que una variedad esté registrada. Lo paradójico es que a algunas de las frutas que la ley quiere proteger se les está acabando el tiempo.

El cítrico que apareció en China

En abril, un periodista del diario Mainichi navegaba por Taobao, uno de los mayores mercados en línea de China, cuando encontró algo extraño: una mandarina vendida como "Ehime N.º 48", etiquetada además con el nombre chino hong gongzhu, "princesa roja". Cuando preguntó por chat al vendedor si de verdad era la Ehime N.º 48, la respuesta fue directa: sí, una variedad más nueva, con plantones criados en Sichuan.

El nombre no es casualidad. "Beni Princess" (nombre oficial de la variedad: Ehime Kashi N.º 48) es un cítrico de gama alta que la prefectura de Ehime empezó a desarrollar en 2005, cruzando la Beni Madonna, de textura gelatinosa, con la Kanpei, de dulzor intenso. Se registró como variedad protegida en 2022 y solo llegó a las tiendas en marzo de 2025: unas dos décadas desde el inicio del desarrollo hasta el estante.

El 12 de junio, el ministro de Agricultura, Norikazu Suzuki, confirmó en rueda de prensa que los plantones del cítrico podrían haberse filtrado a China y que se habían detectado nombres parecidos en sitios chinos de venta de plantas. Para Ehime era una historia tristemente conocida: fruta vendida en China como "Ehime N.º 28" y "Ehime N.º 38", cítricos anteriores de la misma prefectura, lleva más de una década en aquel mercado.

Qué cambiaría la nueva ley

El proyecto que avanza en el parlamento japonés se apoya en unos pocos arreglos contundentes.

El cambio central es el tiempo. El derecho del obtentor —el derecho exclusivo a producir y vender una variedad registrada— dura hoy 25 años, o 30 para leñosas perennes como frutales y vides. La reforma añade diez años a ambos y los lleva a 35 y 40. Para dimensionarlo: el tratado que siguen la mayoría de los países (UPOV) fija un mínimo de 20 años, y los plazos más largos entre sus miembros rondaban los 30. Japón se coloca a propósito por delante del pelotón.

El segundo arreglo apunta a un vacío concreto. Registrar una variedad exige varios años de ensayos de campo —a menudo entre tres y seis— y en ese lapso el obtentor no tiene ninguna protección. Muchas fugas ocurren justo en esa ventana. El proyecto crea la facultad de bloquear la exportación de una variedad candidata mientras su solicitud sigue en trámite.

Luego está la frontera. Con las reglas actuales es ilegal exportar plantones protegidos a ciertos países, pero la sanción solo actúa en el momento de la exportación. La nueva ley adelanta esa línea: guardar plantones en un almacén con el fin de exportarlos ilegalmente ya constituiría una infracción. El proyecto también facilita los litigios —las semillas vendidas con el nombre de una variedad registrada podrán presumirse de esa variedad sin comparación física, trasladando parte de la carga al acusado— y eleva la multa por usar mal un nombre registrado de 100.000 a 200.000 yenes (unos 600 a 1.200 dólares).

El proyecto pasó la cámara baja el 19 de junio tras un voto unánime en comisión y está ahora en la cámara alta. La mayor parte entraría en vigor el 1 de diciembre de 2026.

Por qué la reforma anterior no bastó

Japón ya endureció esta ley una vez, en 2020. Aquella versión —aprobada después de que la uva Shine Muscat se convirtiera en el símbolo de la piratería frutal— permitió a los obtentores designar a qué países podían ir legalmente sus plantones y exigió licencia para que los agricultores multiplicaran variedades registradas. Entró en vigor por etapas entre 2021 y 2022.

Ayudó, pero llegó tarde para los cultivos que ya se habían escapado. La Shine Muscat, criada durante décadas por el instituto nacional de investigación NARO, nunca se registró a tiempo en el extranjero; hoy crece en China y Corea del Sur en una superficie muchas veces mayor que en Japón, y Tokio calcula solo en regalías perdidas unos 20.000 millones de yenes al año (cerca de 120 millones de dólares). Un estudio oficial de 2020 halló 36 variedades a la venta en internet en China y Corea con los mismos nombres que figuran en el registro japonés. (Los detalles de las pérdidas de la Shine Muscat los tratamos en un artículo anterior.)

La lección fue incómoda. Una ley solo protege lo que aún está dentro del cerco cuando este se levanta.

Una carrera contra el reloj

Por eso el calendario de este proyecto pesa más de lo que parece. La prórroga de diez años se aplica no solo a las variedades futuras, sino también a las existentes, siempre que sus derechos no hayan caducado ya cuando la ley entre en vigor.

Eso convierte la agenda parlamentaria en una cuenta atrás. Según el diario agrícola Nihon Nogyo Shimbun, los derechos sobre Setoka —un cítrico popular y fácil de pelar criado por NARO— vencen en octubre de 2026, y la variedad de pera Akizuki expira por las mismas fechas. Si la ley se aprueba y promulga a tiempo, ganan otra década de protección. Si el debate se alarga, quedan desprotegidas y pasan a ser "variedades generales" que cualquiera puede cultivar libremente. Dos décadas de trabajo público de mejora podrían decidirse por cuestión de semanas.

¿Puede una ley japonesa llegar a un huerto chino?

El límite honesto es este: una ley japonesa se detiene en la frontera de Japón. Una vez que un plantón crece en Sichuan, Tokio puede multar y demandar a personas dentro de Japón, vigilar sus almacenes y frenar exportaciones, pero no puede arrancar un huerto extranjero. La única protección real fuera es registrar la variedad país por país bajo el tratado UPOV, y hacerlo rápido, antes de que la planta se disperse. La Beni Princess, según la prensa, sigue solo "en trámite" de registro en China.

El proyecto tampoco carece de críticos en casa. Cuando se aprobó la ley de 2020, algunos agricultores y activistas temieron que endurecer las reglas sobre la automultiplicación asfixiara a los pequeños productores y concentrara demasiado control en las empresas de semillas y los institutos públicos; esta vez también ha aparecido una petición que pide a la cámara alta deliberar con cautela. Los partidarios responden que, sin derechos más fuertes, el ya decreciente registro de nuevas variedades en Japón seguirá cayendo, y habrá menos frutas premium que proteger.

Así que la reforma es una palanca, no una cura. Que la "princesa roja" y la próxima Shine Muscat puedan quedarse en casa dependerá tanto de la rapidez con que Japón registre sus frutas en el extranjero como de cuánto decidan cooperar los países que ya las cultivan.

Japón trata una uva o una naranja como propiedad intelectual digna de décadas de protección. En tu país, ¿cómo se protegen las nuevas variedades que crían los agricultores? ¿Y a alguien se le ocurriría siquiera demandar por un plantón robado?

Referencias